Strangiato
07-mar-2005, 10:10
http://espanol.news.yahoo.com
http://e1.news1.yimg.com/e1.yimg.com/p//050307/afp/tsgeqnr42070305121642.jpg
LA PAZ (Reuters) - La decisión de Carlos Mesa de presentar su renuncia como presidente de Bolivia tras 16 meses de gobierno pone a prueba las instituciones de un país que se ha caracterizado por la inestabilidad y los golpes de estado, según analistas.
El congreso deberá decidir si acepta la dimisión anunciada el domingo y, en ese caso, tendría dos alternativas: dar paso a la sucesión constitucional o convocar a elecciones nacionales para un mandato de dos años y cinco meses, con lo que se completaría el actual período de cinco años que termina en agosto del 2007.
"Lo peor que podría hacer el Congreso es aceptar la renuncia porque hay que recuperar un mínimo de cordura," reflexionó el lunes el analista político Roger Cortes.
Mesa hizo una jugada dura que intenta modificar el accionar asfixiante del Parlamento y de los movimientos sociales, agregó. "Pero la lujuria se ha desatado en el Congreso ante la posibilidad de recuperar el control del poder con la salida del presidente Carlos Mesa."
Para la sucesión presidencial están habilitados el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR); el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Rodríguez.
Mesa, un político independiente de 51 años, era vicepresidente cuando asumió la presidencia en octubre del 2003, después de que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada abandonó el país en medio de una sangrienta revuelta popular que dejó alrededor de 80 muertos.
Las encuestas muestran que Mesa es popular, pero su margen de maniobra está muy restringido por el Congreso, controlado por los partidos tradicionales, y por un movimiento indígena cada vez más organizado y crítico.
Después de que Mesa anunció por radio que este lunes presentaría su renuncia ante al congreso, recibió el apoyo de unas 3.000 personas que asistieron a la Plaza Murillo, donde se encuentra el palacio de gobierno.
También la mañana del lunes fue recibido, en la misma plaza, por miles de personas que le reiteraron su respaldo para que siga gobernando Bolivia, país que ha sufrido casi tantos golpes de estado como años de vida independiente.
"Bolivia vive su peor momento en democracia. El parlamento deberá actuar sin cálculos políticos para encontrar una salida a esta crisis institucional," comentó otro analista político, Carlos Toranzos.
"Para que sobreviva la democracia y el país se requiere un pacto por Bolivia. Esta crisis es muy fuerte. Abramos los ojos y no seamos testigos de un genocidio," añadió.
PROTESTA TRAS PROTESTA
Al anunciar su dimisión, Mesa dijo que su gobierno había atendido 820 conflictos, un promedio de dos por día.
El mandatario calificó como insostenibles los días que vendrán ante un bloqueo nacional que prepara el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera el diputado indígena Evo Morales, para que el parlamento haga cambios en la ley de hidrocarburos.
Los seguidores del MAS amenazaron también con la toma de campos petroleros, y por ello la empresa Chaco optó por cerrar operaciones el sábado de uno de sus pozos de la región de Bulo Bulo, a 820 kilómetros al sudeste de La Paz.
Morales, tras conocer el mensaje de Mesa, dijo a la red ATB que "no es una renuncia irrevocable, es una posición chantajista al país. Mesa se ha desenmascarado como el gran defensor de la privatización."
En enero, Mesa enfrentó una ola doble de protestas a raíz de un aumento en los precios del combustible. Las protestas luego se extendieron a otros reclamos.
Indígenas pobres protestaron contra una empresa francesa de agua potable, mientras que la provincia más rica, Santa Cruz, reclamó su autonomía. Mesa logró desactivar ambas protestas, pero haciendo concesiones importantes.
Durante la última semana, las protestas se renovaron en varios frentes: volvieron los bloqueos de carreteras y nuevamente se paralizó el combativo poblado de El Alto, vecino de La Paz, que exige la cancelación inmediata de un contrato con una empresa de agua potable.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, influyente institución vecinal que en octubre del 2003 forzó a la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada a su segundo mandato constitucional, insiste en la salida de la empresa francesa Aguas del Illimani, que continúa operando a pesar de que Mesa le revocó el contrato en enero.
También otros grupos sociales exigían -con bloqueo de carreteras y movilizaciones callejeras- la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la aprobación de la ley de Hidrocarburos y la celeridad en el juicio de responsabilidades al ex presidente Sánchez de Lozada y sus 15 ministros.
Mesa, un historiador de 51 años, condujo durante 16 meses un gobierno sin partidos y desprovisto de sustentación parlamentaria orgánica.
Pero estaba resuelto a implantar un modelo de economía mixta -sin estatismos o recetas ultraliberales- en la nación más pobre de América del Sur.
Sin embargo, la fuerte convulsión social y su decisión de no repremir lo obligaron a presentar su renuncia.
"No estoy dispuesto a matar. Soy hombre de palabra. No sacaremos a policías y militares; antes me iré a mi casa," subrayó al anunciar su dismisión.
En su discurso, Mesa destacó algunos logros de la economía boliviana durante el 2004, como el crecimiento del PIB en 3,6 por ciento (frente a 2,3 por ciento el año anterior); de las exportaciones (de 1.570 millones de dólares en el 2003 a 2.070 millones en el 2004) y la reducción del déficit fiscal (de 8,1 a 6 por ciento del PIB en el mismo período).
También en su corto gobierno se registró el avance en algunos indicadores sociales de Bolivia, cuyo nivel de pobreza cayó en un punto en un país donde 7 de cada 10 bolivianos viven en la indigencia y el de desempleo bajó de 9,7 por ciento en el 2003 a 8,5 por ciento en el 2004.
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LA PAZ (Reuters) - La decisión de Carlos Mesa de presentar su renuncia como presidente de Bolivia tras 16 meses de gobierno pone a prueba las instituciones de un país que se ha caracterizado por la inestabilidad y los golpes de estado, según analistas.
El congreso deberá decidir si acepta la dimisión anunciada el domingo y, en ese caso, tendría dos alternativas: dar paso a la sucesión constitucional o convocar a elecciones nacionales para un mandato de dos años y cinco meses, con lo que se completaría el actual período de cinco años que termina en agosto del 2007.
"Lo peor que podría hacer el Congreso es aceptar la renuncia porque hay que recuperar un mínimo de cordura," reflexionó el lunes el analista político Roger Cortes.
Mesa hizo una jugada dura que intenta modificar el accionar asfixiante del Parlamento y de los movimientos sociales, agregó. "Pero la lujuria se ha desatado en el Congreso ante la posibilidad de recuperar el control del poder con la salida del presidente Carlos Mesa."
Para la sucesión presidencial están habilitados el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR); el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Rodríguez.
Mesa, un político independiente de 51 años, era vicepresidente cuando asumió la presidencia en octubre del 2003, después de que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada abandonó el país en medio de una sangrienta revuelta popular que dejó alrededor de 80 muertos.
Las encuestas muestran que Mesa es popular, pero su margen de maniobra está muy restringido por el Congreso, controlado por los partidos tradicionales, y por un movimiento indígena cada vez más organizado y crítico.
Después de que Mesa anunció por radio que este lunes presentaría su renuncia ante al congreso, recibió el apoyo de unas 3.000 personas que asistieron a la Plaza Murillo, donde se encuentra el palacio de gobierno.
También la mañana del lunes fue recibido, en la misma plaza, por miles de personas que le reiteraron su respaldo para que siga gobernando Bolivia, país que ha sufrido casi tantos golpes de estado como años de vida independiente.
"Bolivia vive su peor momento en democracia. El parlamento deberá actuar sin cálculos políticos para encontrar una salida a esta crisis institucional," comentó otro analista político, Carlos Toranzos.
"Para que sobreviva la democracia y el país se requiere un pacto por Bolivia. Esta crisis es muy fuerte. Abramos los ojos y no seamos testigos de un genocidio," añadió.
PROTESTA TRAS PROTESTA
Al anunciar su dimisión, Mesa dijo que su gobierno había atendido 820 conflictos, un promedio de dos por día.
El mandatario calificó como insostenibles los días que vendrán ante un bloqueo nacional que prepara el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera el diputado indígena Evo Morales, para que el parlamento haga cambios en la ley de hidrocarburos.
Los seguidores del MAS amenazaron también con la toma de campos petroleros, y por ello la empresa Chaco optó por cerrar operaciones el sábado de uno de sus pozos de la región de Bulo Bulo, a 820 kilómetros al sudeste de La Paz.
Morales, tras conocer el mensaje de Mesa, dijo a la red ATB que "no es una renuncia irrevocable, es una posición chantajista al país. Mesa se ha desenmascarado como el gran defensor de la privatización."
En enero, Mesa enfrentó una ola doble de protestas a raíz de un aumento en los precios del combustible. Las protestas luego se extendieron a otros reclamos.
Indígenas pobres protestaron contra una empresa francesa de agua potable, mientras que la provincia más rica, Santa Cruz, reclamó su autonomía. Mesa logró desactivar ambas protestas, pero haciendo concesiones importantes.
Durante la última semana, las protestas se renovaron en varios frentes: volvieron los bloqueos de carreteras y nuevamente se paralizó el combativo poblado de El Alto, vecino de La Paz, que exige la cancelación inmediata de un contrato con una empresa de agua potable.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, influyente institución vecinal que en octubre del 2003 forzó a la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada a su segundo mandato constitucional, insiste en la salida de la empresa francesa Aguas del Illimani, que continúa operando a pesar de que Mesa le revocó el contrato en enero.
También otros grupos sociales exigían -con bloqueo de carreteras y movilizaciones callejeras- la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la aprobación de la ley de Hidrocarburos y la celeridad en el juicio de responsabilidades al ex presidente Sánchez de Lozada y sus 15 ministros.
Mesa, un historiador de 51 años, condujo durante 16 meses un gobierno sin partidos y desprovisto de sustentación parlamentaria orgánica.
Pero estaba resuelto a implantar un modelo de economía mixta -sin estatismos o recetas ultraliberales- en la nación más pobre de América del Sur.
Sin embargo, la fuerte convulsión social y su decisión de no repremir lo obligaron a presentar su renuncia.
"No estoy dispuesto a matar. Soy hombre de palabra. No sacaremos a policías y militares; antes me iré a mi casa," subrayó al anunciar su dismisión.
En su discurso, Mesa destacó algunos logros de la economía boliviana durante el 2004, como el crecimiento del PIB en 3,6 por ciento (frente a 2,3 por ciento el año anterior); de las exportaciones (de 1.570 millones de dólares en el 2003 a 2.070 millones en el 2004) y la reducción del déficit fiscal (de 8,1 a 6 por ciento del PIB en el mismo período).
También en su corto gobierno se registró el avance en algunos indicadores sociales de Bolivia, cuyo nivel de pobreza cayó en un punto en un país donde 7 de cada 10 bolivianos viven en la indigencia y el de desempleo bajó de 9,7 por ciento en el 2003 a 8,5 por ciento en el 2004.
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